De cuántos millones es el recorte que analiza el Poder Judicial para que le aprueben el presupuesto

Hace un mes relatamos aquí los detalles de una guerra entre los diputados y el Poder Judicial por el Presupuesto 2022. Tal como dijimos, era casi imposible que estuvieran los votos necesarios para aprobar el proyecto enviado por la Justicia, que proponía un incremento interanual del 94 %. La novedad de las últimas horas es que luego de un mes sin contacto, se abrió una vía de diálogo -por ahora informal- entre el nuevo presidente del STJ, Mario Vivas, y un grupo de legisladores, para tratar de acordar en cuánto deberá recortarse el monto final.

Cuando decimos que la vía de negociación es informal, es porque aún no hubo un encuentro en la comisión de Hacienda de la Legislatura, sino que –con la mediación del ex Fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata- hubo un almuerzo en el mediodía del martes en Trelew, del que participó Vivas con algunos diputados.

En ese ámbito, luego de algunos cruces con cierta tensión pero en buenos términos, quedó el compromiso de parte del presidente del Superior Tribunal de ponerse a estudiar los números, que según admitió, quizás fueron un poco exagerados y haya cierto margen para evaluar algunos recortes.

Incluso el día posterior hubo un encuentro en Rawson, en el despacho del gobernador Mariano Arcioni, quien recibió a Vivas y mantuvieron una charla cordial en la que acordaron mantener la buena relación entre ambos poderes, y en el que dicen se habló también de la cuestión presupuestaria.

La sensación que quedó es que, en el marco de una postura mucho más dialoguista por parte de Vivas, están todos los caminos allanados para destrabar el presupuesto judicial en la Legislatura. Se nota más tranquilidad en los despachos judiciales, donde reinaba la preocupación desde enero por el hecho de tener que reconducir partidas.

LOS NÚMEROS

El presupuesto que fue enviado en diciembre implicaba un impacto de un 9,1 % de los ingresos de Rentas Generales, un incremento enorme respecto a los otros poderes e incluso respecto a sí mismo, ya que el año anterior había sido del 7,4 %. Entonces, el pedido concreto de los legisladores fue que el proyecto debe volver a esos valores.

Hay que recordar que estos parámetros fueron incluso expresados en el proyecto de Ley de Autarquía elaborado por el gobierno en su momento, que estipulaba un 7,46 % del total general, es decir, de los ingresos de recaudación anuales.

La cuestión ahora pasa por cuánto es el monto dinerario que este achique implica: según los diputados consultados por esta columna, debería haber un recorte de $ 3 mil millones, es decir, bajar de 19.850 mil millones a 17 mil millones aproximadamente.

Pero de acuerdo a las fuentes judiciales relevadas, hay expectativas de un recorte inicial de mil millones, para lo cual habrá una convocatoria este lunes a los contadores de cada una de las tres áreas: la Judicatura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Se pretende que los especialistas ajusten el lápiz y vean de dónde se puede hacer el recorte, especialmente en el caso de la creación de nuevas vacantes, que en algún caso llega a un número imposible de cubrir, como 50 cargos en un año.

¿Llegará la Justicia a recortar un monto de $ 3 mil millones como quieren los diputados? No parece sencillo en un primer momento, pero está claro que se abrió una vía de negociación y que el número final surgirá de los sucesivos encuentros venideros entre las autoridades, luego de que los especialistas en números hagan sus cuentas.

Lo que está claro es que hubo un cambio de mensaje: del “aprueben lo que mandamos y no se metan” que dijo Panizzi hace poco más de un mes en su discurso a la Legislatura, a la actual postura de Vivas, media un abismo. La sensación es que esta Legislatura se animó, después de mucho tiempo, a poner límites al Poder Judicial.

DOS TEMAS PENDIENTES

Más allá de lo auspicioso del diálogo iniciado, quedan dos cuestiones aún por resolver a futuro en materia del presupuesto judicial. Por un lado, hay un artículo del proyecto de presupuesto que a los diputados sigue sin cerrarles, que es el llamado “goteo”. Según la propuesta enviada en su momento, el gobierno se compromete a ir depositando sumas todas las semanas a la Justicia a medida que va ingresando dinero a las arcas públicas.

Para algunos legisladores, esta concesión –que nunca se aplicó en el pasado- no corresponde y debería ser eliminada del articulado. Seguramente un tema a discutir en el ámbito de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura.

El otro punto es a más largo plazo, pero sigue latente. Tiene que ver con la política salarial del Poder Judicial, y el criterio de “enganche” con las acordadas salariales de la Corte Suprema. Esto significa que la Justicia de Chubut replica cada uno de los aumentos establecidos por el Poder Judicial de la Nación, y los aplica a todos sus empleados.

Para varios diputados, este criterio es injusto con el resto de los empleados públicos chubutenses, y debería dejarse establecido de manera permanente, que ningún sector estatal en Chubut puede regirse con un criterio externo a la provincia: es decir, ley pareja para todos, y la paritaria salarial a negociarse puertas adentro.

En su momento, a fines de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una ley que “congeló” el enganche por seis meses, aunque luego la Justicia se apuró en ponerse al día y volvió a dar las subas cuando la ley cumplió su plazo. Por ello, hay quienes piensan en la Legislatura que esto debería de aprobarse de manera permanente de una vez por todas.

Una batalla que está abierta como una posibilidad siempre latente, que de cumplirse, podría derivar en planteos judiciales sobre el avasallamiento de la independencia de un poder sobre otro. Hoy la atención está puesta en el presupuesto, y en todo caso, esa discusión se verá en el próximo capítulo.