De Cristina Fernández a Macri: ¿cuáles son las causas por corrupción que tocan de cerca a Chubut?
Tanto en la reciente condena a la expresidenta como en una de las investigaciones judiciales pendientes sobre el creador del PRO, se tocaron de cerca obras y negocios en esta provincia. Argumentos y sospechas en un laberinto judicial donde la “doble vara” sigue latente.
En los 3 tramos de la Ruta Nacional 3 que conectan Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia, la justicia encontró el epicentro de un esquema de desvío de fondos en la obra pública, por los que resultaron condenados la expresidenta Cristina Fernández y el empresario Lázaro Báez, entre otros. Por otro lado, los parques eólicos que hoy baten récords de producción fueron parte, en su origen, de una maniobra que la justicia federal supuestamente sigue investigando, aunque casi no tuvo movimientos desde hace 4 años.
Los expedientes DVN 18295/08, 16957/08 y 13191/06 de Vialidad Nacional fueron objeto de pericias que revelaron pagos por trabajos no realizados —o con muy escasa ejecución— y sirvieron de base para la condena de Cristina Fernández de Kirchner por “administración fraudulenta agravada”, sanción que ahora fue ratificada, recientemente, por la Corte Suprema.
La obra autovía Comodoro-Caleta se transformó en la espina dorsal de la acusación y la condena. De las 5 licitaciones seleccionadas para probar las irregularidades que impulsaron la acusación inicial, las pericias terminaron concentrándose en 3, que coinciden con la obra en cuestión.
Más allá del debate político en torno al fallo y el involucramiento de Cristina Fernández, que seguirá siendo desconocido por sus seguidores, que hablan de “proscripción” y avalado por sus detractores, hay un hecho incontrastable, que está a la vista de los habitantes de la región del golfo San Jorge, que vincula al sur de Chubut con el norte de Santa Cruz. La obra, que tuvo licitaciones en los años 2006 y 2008, está muy lejos de ser terminada.
Las irregularidades en la obra son incluso admitidas, en voz baja, por quienes acompañan políticamente a la expresidenta. El argumento de esa defensa se basa en cuestionar que un presidente de la Nación tenga responsabilidad en la administración de los bienes del Estado, porque esa función fue delegada, según la Constitución de 1994, en la figura del jefe gabinete. Esa es una discusión que ahora se dará en tribunales internacionales. Pero aún los más conspicuos conceden que “si hubo corrupción” (en modo condicional, no como afirmación), no involucra a su líder política.
El foco judicial sobre la autovía Comodoro-Caleta
En concreto, los cuestionamientos sobre esas licitaciones y el desarrollo de la obra, que fueron expresadas en el fallo de primera instancia y confirmados luego por la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que “el avance físico no guarda relación con el financiero”, según la sentencia del Tribunal Oral Federal interviniente en primera instancia y confirmado en las etapas posteriores.
Los jueces concluyeron que se certificaron obras, se hicieron los pagos correspondientes, pero las inspecciones de campo verificaron que los trabajos estaban inconclusos o directamente no habían comenzado.
Las pericias se hicieron sobre las 3 licitaciones que involucran a la autovía que debería vincular a Comodoro con Caleta Olivia, o viceversa, identificadas del siguiente modo:
-DNV nro. 13.191/2006 correspondiente a las obras básicas y pavimento en Ruta Nacional nro. 3, tramo “Avenida Circunvalación Caleta Olivia”.
-DNV nro. 16.957/2008, correspondiente a la Autovía en Ruta Nacional nro. 3, tramo entre km. 1864 - km. 1908,6 (vinculación desde algunos kilómetros al sur del puesto ‘Ramón Santos’ con el acceso a Caleta Olivia.
-DNV nro. 18.295/2008 correspondiente a la Autopista - Autovía en Ruta Nacional nro. 3, tramo Rada Tilly - Km. 1867 (10 kilómetros al sur del puesto ‘Ramón Santos’).
Las otras dos licitaciones incluidas entre las 5 pericias centrales fueron la DNV nro. 10.563/2011, correspondiente a obras básicas y pavimento en Ruta Provincial nro. 47, tramo Empalme Ruta Nacional nro. 281 - Empalme Ruta Nacional nro. 3, Sección II. Y la DNV nro. 20.178/2011 correspondiente a obras básicas y pavimento en Ruta Nacional nro. 288, tramo Estancia La Julia - Tres Lagos, Sección I: Estancia La Julia - km. 75.
Las tres pericias sobre la autovía y el dato de la licitación de 2016, que dejó en evidencia los sobreprecios de 2008
Una de las principales pruebas que sostuvo la condena contra en la ‘causa Vialidad’ fue el hallazgo de sobreprecios en la inconclusa autovía Comodoro-Caleta. El Tribunal Oral Federal N°2 evaluó las pericias técnicas elaboradas durante el juicio y siguió el criterio de una en particular, que es la que comparó las licitaciones originales —adjudicadas a Austral Construcciones y empresas vinculadas— con las relicitaciones del año 2016, cuando esos contratos fueron rescindidos por falta de cumplimiento y la nueva adjudicataria fue la empresa CPC.
La justicia no solo encontró que las obras se habían pagado sin terminar, sino que además los valores adjudicados originalmente eran muy superiores a los de mercado, incluso al comparar exactamente los mismos proyectos.
El perito oficial del tribunal, Eloy Pablo Bona, identificó diferencias muy significativas para los tramos de la RN3: 30 % de sobreprecio en el expediente vinculado a la avenida de circunvalación en Cleta Olivia; 52 % en el tramo ‘Ramón Santos’-Caleta; y 84 % en el trayecto que va desde el límite provincial hasta Rada Tilly.
En todos los casos, se refiere a las licitaciones de los años 2006 y 2008. Las diferencias de mayores precios surgen de comparar las ofertas originales con las presentadas en la relicitación de 2016, cuando las obras fueron nuevamente licitadas tras ser canceladas por incumplimientos de la constructora de Lázaro Báez.
Tres peritos, tres visiones
Durante el juicio declararon tres peritos con visiones y métodos muy distintos. El tribunal analizó en profundidad sus informes y se inclinó por el de Bona, descartando los otros dos por serias inconsistencias.
El Ing. Roberto Panizza, perito de la Fiscalía, sostuvo que hubo un sobreprecio del 64 % en promedio. Se basó en precios de la revista ‘El Constructor’ y en cálculos generales. Pero el tribunal consideró que su método era demasiado simplificado y que no justificaba cómo trasladó precios de Buenos Aires a Santa Cruz, ni cómo estimó volúmenes de obra sin considerar el terreno real.
La Ing. Adriana Alperovich, perito de la defensa, sostuvo que no había sobreprecio y que los valores estaban “dentro de los promedios del mercado”. Pero el tribunal consideró que su informe era inconsistente, con “falta de sistematicidad” y uso discrecional de fuentes. También cuestionó su escasa experiencia en obras viales.
El Ing. Eloy Bona, en cambio, trabajó con una metodología que el tribunal calificó como “la más razonable y compatible con los estándares técnicos”. Su análisis partió de una base concreta: comparar las licitaciones originales con las nuevas presentadas en 2016, para los mismos tramos de la RN3. Es decir, los mismos proyectos, en el mismo lugar, pero con oferentes distintos y precios mucho más bajos (haciendo las pertinentes actualizaciones por inflación).
Además, el propio tribunal complementó su análisis ampliando la muestra: comparó no sólo la oferta ganadora (CPC S.A.) sino también el promedio de todas las ofertas válidas, para asegurarse de que el sobreprecio no se debía a una baja excepcional.
*Hubo licitación “sin competencia real”*
Para los jueces, el núcleo del problema no estuvo solo en los precios, sino en cómo se montaron las licitaciones. Lo dicen con todas las letras: los sobreprecios se explican “como resultado directo de la ausencia de puja real y de la competencia aparente con la que se celebraron las licitaciones”.
El efecto fue doble: se adjudicaron obras con presupuestos inflados, y luego se pagaron certificados con avances físicos que no existían o eran muy inferiores a lo declarado. La suma de ambos mecanismos constituye, según la sentencia, un esquema de fraude que implicó un perjuicio millonario para el Estado.
Posteriormente, la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia validaron estos argumentos, entre otros con los que dictaminaron la responsabilidad penal de los imputados, en una discusión que seguirá transitando los carriles políticos (la sentencia es rechazada o avalada, según el lado política de la grieta desde el que sea examinado, con un sistema judicial que hace méritos suficientes para transformarse en una cuestión más cercana a la fe o un dogma religioso que a un modo de impartir justicia), como también jurídicos y hasta el derecho internacional.
Lo concreto, a los fines de las ciudades del sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, es que los expedientes DVN 18295/08, 16957/08 y 13191/06 no son un simple agregado técnico en un juicio extenso, con sentencias que superan las 1.500 fojas en cada una de las dos instancias inferiores. Es el soporte concreto (kilómetros de ruta no ejecutados y pagos sin respaldo) que consolidó la condena.
Una deuda más en materia de infraestructura en esta región. La obra, que volvió a paralizarse en 2017, se licitó nuevamente en 2021 y quedó paralizada en 2023. Difícilmente sea retomada, porque hoy no hay perspectiva ni siquiera para el mediano plazo. Quedó con menos del 30% de ejecución.
La causa que involucra a Macri por los parques eólicos que compró y revendió en Chubut
El nombre de Chubut también aparece en la investigación judicial que salpica al expresidente Mauricio Macri por presuntas maniobras de corrupción, en un caso que se inició en 2018 tras una serie de artículos publicados por el diario Perfil. Según reveló la investigación periodística, empresas vinculadas al grupo Macri (SOCMA) adquirieron, sin licitación pública y en medio de su gestión presidencial, una serie de proyectos eólicos en esta provincia, que luego revendieron con ganancias millonarias.
La operación se realizó a través de sociedades instrumentales como Usir Argentina, Sideli y Sidsel, que compraron seis parques eólicos originalmente adjudicados a la firma española Isolux Corsán.
Entre los activos transferidos figuraban emprendimientos localizados en Chubut, como los parques Loma Blanca I, II, III y IV, además de otros en Buenos Aires y Miramar. Estas sociedades fueron creadas de forma casi simultánea a las operaciones, sin antecedentes en el sector energético, y en pocos meses revendieron los activos obteniendo al menos 48 millones de dólares, según el cálculo publicado por Perfil.
La maniobra encendió las alarmas sobre un posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias, dado que las operaciones ocurrieron en paralelo a las licitaciones del programa RenovAr, que impulsaba el propio gobierno nacional, durante la presidencia de Macri.
Una investigación sin definiciones a la vista
En base a esa denuncia pública, los entonces diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate presentaron un planteo penal en los tribunales federales de Comodoro Py, en la que apuntaron directamente contra Mauricio Macri, su hermano Gianfranco y otros actores cercanos al entorno empresarial familiar.
El expediente quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. A lo largo de la investigación se reunieron documentos de organismos como Enarsa, CAMMESA y el Banco Nación. También se tomaron testimonios de funcionarios y empresarios, entre ellos el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el hermano del ex mandatario, Mariano Macri (quien no reiteró las denuncias públicas que había formulado en el libro ‘El Hermano’).
Uno de los puntos más oscuros del expediente es la relación entre la empresa Usir y Gianfranco Macri: según se documentó en la causa, esta firma le prestó 5 millones de dólares a título personal, lo que para los denunciantes podría constituir un pago encubierto o retorno por la venta de los parques.
A pesar del volumen de documentación reunida y de los múltiples indicios sobre un posible armado societario para eludir controles y hacer un rápido pase de manos de un negocio que fue adjudicado por el Etado nacional, hasta la fecha la causa no ha avanzado hacia el procesamiento de los principales implicados.
Mauricio Macri nunca fue citado a declarar, ni en calidad de imputado ni de testigo, aunque la causa sigue formalmente abierta y bajo investigación. Las últimas presentaciones se realizaron en 2021, cuando Tailhade volvió a insistir con la necesidad de convocarlo a indagatoria, sin que el juzgado avanzara en esa dirección.
Mientras tanto, los parques eólicos de Chubut continúan generando energía y beneficios para las empresas que los adquirieron posteriormente, en un negocio que nació bajo el signo del secreto y terminó bajo la lupa de la Justicia federal. Así, al igual que ocurrió con las obras públicas investigadas durante el kirchnerismo, también los grandes emprendimientos renovables de la era Macri dejaron su huella judicial con epicentro en esta provincia.
Mientras este caso sigue sin definición a la vista, al igual que otras causas que involucran al ex presidente, como la relacionada al Correo Argentino, la discusión política seguirá admitiendo el argumento de “doble vara” de la justicia, a la hora de decidir a qué líderes políticos investiga y sanciona. Y a cuáles, no.
