Corrupción público-privada: ¿alcanza con “arrepentirse” o arreglar una comisaría?

El perjuicio al Estado de Chubut no fue cuantificado ni por los sobreprecios ni el impacto de las coimas.

COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa/ Especial para ADNSUR) – Tras conocerse la propuesta de empresarios involucrados en la causa por corrupción conocida como “Revelación” en Chubut, quedó flotando una pregunta: ¿Es compensación suficiente, el ofrecimiento de obras para reparar comisarías y otras instalaciones comunitarias, tras haber pagado coimas para cobrar facturas impagas por trabajos realizados? Paralelamente, en el plano nacional puede extenderse el interrogante: ¿alcanza con expresar “arrepentimiento” para transformarse en colaborador para investigar los hechos de corrupción de los que se ha sido partícipe, para colaborar con los acusadores y mejorar la propia situación procesal?

Si bien los hechos tienen características diferentes, el eje común de las investigaciones que decantaron en marzo de este año en Chubut y más recientemente a nivel nacional está dado por la participación “público-privada”, es decir la connivencia entre funcionarios de gobierno y empresarios.

No hay forma de establecer si la reparación es “suficiente”, porque no se ha medido el perjuicio para el Estado. De hecho, la acusación no incluye presuntos “sobreprecios”, ni tampoco hubo auditoría sobre las obras objeto de las maniobras, lo que debería haber sido impulsado por organismos de control del Estado provincial

COIMA PRIVADA O DAÑO A LA OBRA PÚBLICA

En la causa “Revelación”, la investigación se basa en la hipótesis de que empresarios de la obra pública pagaron coimas (cohecho activo) a funcionarios provinciales (cohecho pasivo y defraudación) para que estos agilizaran el pago de facturas pendientes, por obras realizadas por empresas que en los últimos años concentraron la mayor parte de la obra pública provincial. Durante la audiencia del viernes, el fiscal Marcos Nápoli reconoció que al menos en el caso de los 3 empresarios liberados en esa jornada (Salaberry, Musante y Torrraca) no se pudo comprobar su participación en una asociación ilícita, sosteniendo sólo la acusación del cohecho activo. Según esa hipótesis, el dinero recaudado se destinaba a solventar sobresueldos de determinados funcionarios, entre los que los fiscales incluyeron a miembros del gobierno y de la familia del extinto gobernador Das Neves.

En base a ese cambio en la acusación, propuesto por las defensas y aceptado por la fiscalía, los empresarios quedaron libres y podrían evitar el juicio a cambio de las reparaciones ofrecidas: en el caso del empresario comodorense, la refacción de la comisaría de Mosconi. La perspectiva contraria: si el juicio sigue adelante, una eventual condena por cohecho prevé penas de 2 a 6 años de prisión, pero en caso de no superar los 3 la misma queda en suspenso.

No hay forma de establecer si la reparación es “suficiente”, porque no se ha medido el perjuicio para el Estado. De hecho, la acusación no incluye presuntos “sobreprecios”, ni tampoco hubo auditoría sobre las obras objeto de las maniobras, lo que debería haber sido impulsado por organismos de control del Estado provincial. Un relevamiento necesario hubiera implicado saber si las obras en cuestión tuvieron algún grado de sub ejecución, o una reducción en la calidad de materiales utilizados, etc. Esto hubiera permitido verificar si la coima se solventaba del bolsillo privado, o se descontaba de la calidad de la obra. En democracias de baja intensidad, el Estado parece convidado de piedra frente a hechos que ocurrieron en su propio seno. Llamativamente, el gobierno de Mariano Arcioni mira para otro lado.

 

CORRUPCIÓN SIN DISTINCIÓN DE SELLOS

En el plano nacional, los hechos que involucran a poderosos empresarios y su vínculo de corrupción con el kirchnerismo tocan también tangencialmente a Chubut. Conviene no perder de vista que el sello no es exclusivo de un solo sector político: vale recordar, por ejemplo, que entre los imputados “arrepentidos” se cuenta Juan Carlos Goycochea, ex titular de Isolux, empresa que primero se adjudicó y luego vendió parques eólicos (4 de ellos, en Chubut) a la firma Sideco Americana, de Gianfranco Macri, que a su vez luego revendió esos parques y ganó en el pase de manos 15 millones de dólares, lo que dio origen también a otra investigación penal. Esa causa se basa en que no hubo proceso de licitación en el traspaso y se sospecha que la operatoria se hizo en base a empresas fantasma creadas con ese propósito por la familia presidencial. Se trata del parque de Genneia en Rawson, que fuera visitado por el presidente el 2 de enero de este año, en su primera actividad oficial tras su período de vacaciones.

Si declara como “arrepentido” contra el kirchernismo, Goycochea podría ser citado también a declarar para contar cómo fueron las negociaciones con la empresa de la familia presidencial, salvo que la justicia siga avanzando con entusiasmo para un lado, pero con su habitual parsimonia cuando se trata de ir hacia el otro, según los vientos políticos del momento.

Ahí aparece otro punto en común con Chubut: la causa Ingentis, que le provocó a la provincia una pérdida no inferior a 30 millones de dólares, está a punto de ser archivada tras años de desidia en la investigación: un proyecto en los que participaron Alejandro Inanissevich y Marcelo Mindlin (cuya empresa está a punto de cobrarle 6 millones de dólares a Petrominera por la venta de sus acciones en el fallido proyecto), empresarios que fueron llamados a indagatoria por aparecer mencionados en los cuadernos de Centeno, el chofer de Baratta.

La pregunta al comienzo de este análisis no tiene forma posible de respuesta por ahora, mientras la gangrena de la corrupción sea tratada con el antídoto de la autocomplacencia política, según el lugar desde el que cada uno elija mirar. Sin embargo y por las dudas, puede adaptarse el viejo refrán: más vale comisarías reparadas en mano (¿por qué no escuelas?), que 100 arrepentidos volando.

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