Elevaron a juicio la causa que investiga coimas en departamentos VIP

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La audiencia preliminar por la causa que investiga facilitación de la prostitución -que tiene como imputados al ex comisario Alejandro Pulley, Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa– se extendió hasta la 1:30 horas de este viernes. La causa fue elevada a juicio por la jueza Daniela Arcuri tras la presentación de 70 testigos del caso y luego de los alegatos de las partes. También irán a juicio el ex subsecretario de Seguridad Antonio Zúñiga y los empleados Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, investigados por incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho. 

La audiencia preliminar había comenzado a las 8 de la mañana, por lo que se extendió por más de 17 horas.

También fue elevada a juicio con otros 70 testigos la causa por incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho, que tiene como imputados al ex subsecretario de seguridad del municipio Antonio Zúñiga, y a los empleados de la Secretaría de Seguridad Juvenal “Maga” Velázquez y Víctor Barrientos.

Fotos: Vivo Comodoro

La investigación conocida como “coimas VIP” fue impulsada por el fiscal Martín Cárcamo y la fiscal Camila Banfi e investiga una red de corrupción que incluye el pago de sobornos por sostener departamentos en los que se ejercía la prostitución.

El fiscal Cárcamo recordó tiempo atrás que a los funcionarios municipales se los imputa por “la exigencia de dinero en concreto para permitir la existencia y funcionamiento de departamentos vips, actividad que luego se ve prohibida por ordenanza municipal que es la que le dio razón de ser a la creación de la Secretaría de Seguridad”.

También se ha podido acreditar a la par de esa exigencia de dinero otras acciones positivas, tales como la confección de manera irregular de las libretas sanitarias, y esto lleva a que la imputación incluya el incumplimiento del deber de funcionario público”, remarcó.

“Cada uno de los seis imputados tiene acusaciones con diversas calificaciones y se les atribuyen distintos hechos”, aclaró y precisó que a “los integrantes de la Secretaría de Seguridad se los acusa de estas situaciones ilegales y el incumplimiento de deber de funcionario público y las penas superan los 6 años de prisión y doble de tiempo de inhabilitación para cargos públicos”.

Respecto a los restantes integrantes, para quienes promovieron y explotaron la prostitución, los dos acusados de nacionalidad extranjera, se solicitó la mayor pena de 10 o 12 años de prisión para la mujer y para (el colombiano Juan Carlos Cuellar) Gamboa 7 o 8 años de pena.

La mayor responsabilidad pesa sobre “Guillermina (Ferreyra Armada, administradora del VIP) porque Gamboa desempeñaba tareas que permitían facilitar el ejercicio de la prostitución y beneficiarse económicamente”, sostuvo.

“En el caso del comisario Pulley, a quien se le atribuye específicamente cohecho pasivo en cuatro oportunidades que pudieron ser acreditas en concurso con incumplimiento de deber de funcionario público, (la pena) sería 4 o 5 años de prisión y por cohecho, inhabilitación perpetua”.

 

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