COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Informe Exclusivo) - Tras las elecciones ganadas por el gobernador Mariano Arcioni, que accederá a un nuevo período de 4 años a iniciarse el próximo 10 de diciembre, la economía provincial vuelve a plantear interrogantes para la segunda mitad del año en curso, considerando el contexto económico nacional y las dificultades que no son nuevas, pero que reactualizan desafíos pendientes: la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, fundamentalmente en salarios; la posible merma de regalías; y la deuda de cooperativas con CAMMESA aparecen entre las prioridades a afrontar en el corto plazo. Aquí, 3 claves de la agenda económica que viene en la provincia.

1) Aumento del gasto. La masa salarial de la provincia se estima hoy en alrededor de 3.000 millones de pesos mensuales, según la proyección del monto destinado a salarios en base a los acuerdos paritarios cerrados por las distintas áreas del gobierno provincial. El proyecto de presupuesto 2019, que fue finalmente vetado por el Ejecutivo tras su tratamiento a destiempo en Legislatura, contemplaba un gasto salarial del orden de los 37.000 millones de pesos para todo el año.

Con una proyección de recursos de 64.000 millones de pesos, el peso salarial sumado a otros 11.200 millones para afrontar vencimientos de deudas, buena parte de los ingresos queda comprometida de antemano.

“Los desafíos los tenemos siempre, no son nuevos, pero hoy estamos todavía saliendo de la elección y mañana ya estaremos revisando los números”, confió una fuente del gobierno provincial ante la consulta de ADNSUR, dejando entrever un relajamiento momentáneo y entendible, aunque los problemas económicos no conocen de emociones.

Según el economista Facundo Ball, docente de la Universidad de la Patagonia con desempeño en su sede Trelew, en el primer bimestre del año ya hubo un déficit de 102 millones de pesos, aun antes de que el gobierno comenzara a abonar los aumentos salariales comprometidos para este año.

2) Merma de ingresos. Una declaración del ministro Rogelio Frigerio en los últimos días contiene una elíptica alusión a Chubut, aunque se publicaron un día antes de las elecciones en las que Arcioni se alzó con más de 121.000 votos en la provincia: “El triunfo de los distintos oficialismos es un triunfo de Cambiemos, logramos que tengan superávit fiscal y eso les permite afrontar un desdoblamiento de las elecciones presidenciales”.

Sin embargo, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal contradice esa afirmación, al introducir en el análisis el componente de la inflación: si bien es cierto que los ingresos por coparticipación federal crecen en términos nominales, en realidad son más bajos cuando se considera la pérdida del poder adquisitivo de la masa de fondos. Si bien en abril de este año Chubut recibió una masa de recursos que resulta 47,5% más alta que en igual mes del año pasado, en términos reales ese monto cae un 5,6%. Al tomar en cuenta todo el primer cuatrimestre completo, la brecha entre fondos enviados y el valor adquisitivo de estos es aun más grande: en Chubut aumentan menos del 43% en forma nominal, pero caen 6,4% en el mundo real.

Aun cuando las transferencias han crecido por efecto de diferentes compensaciones otorgadas por el actual gobierno nacional a las provincias, obviar el impacto inflacionario de sobre la pérdida de valor de la moneda deriva en un análisis sesgado.

En el caso de Chubut, la merma de ingresos tiene otro componente de alto riesgo. Su proyección de ingresos por regalías petroleras, que el año pasado aportó alrededor de 408 millones de dólares y mostraba un saludable crecimiento (lo que llevó a equilibrar las cuentas públicas sobre el final del año), este año se torna en incertidumbre: hay un doble impacto negativo, tanto por una baja en el mercado internacional (aunque la inestabilidad del mercado puede trocar la baja de las últimas semanas en una suba imprevisible) como por las retenciones sobre la exportación. Esta última medida, aplicada por el gobierno nacional, tendrá vigencia inexorablemente durante todo el año y puede llevar los ingresos por debajo de las proyecciones de lo previsto inicialmente.

3) El fantasma de CAMMESA. La deuda de las cooperativas de servicios públicos sigue creciendo frente a la administradora mayorista de energía eléctrica. En este punto, el problema parece más político que económico: la provincia aspira a tomar deuda para asumir el pago que supera los 4.300 millones de pesos, dando oxígeno a las cooperativas que tendrían luego facilidades para restituir ese monto al Estado provincial. Sin embargo, no está claro por qué no se negocia una quita de intereses y una mejor condición para asumir el pago, considerando que la misma administradora ha condonado deudas de distribuidoras privadas de los grandes centros urbanos del país. En particular, esa condonación se dio porque dichas entidades amenazaban con demandar al país ante el CIADI (tribunal internacional donde los países no tienen muchas chances de ganar litigios frente a grandes corporaciones). El argumento de las prestadoras era atendible: se atrasaron en el pago porque sus tarifas estaban congeladas por decisiones del Estado nacional.