Torres envía el pliego para el Superior Tribunal: los tres candidatos en carpeta y otro ministro en la cuerda floja

Se develó el misterio de qué ocurrirá ante la vacante producida en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia por la renuncia de Daniel Báez: finalmente el gobernador Ignacio Torres decidió cubrirla de inmediato, para recién bajar el número de miembros a cinco cuando se produzca la próxima baja, que podría darse este mismo año.

El dato exclusivo al que accedió esta columna es que el pliego con la propuesta será enviado en breve a la Legislatura, y tendrá uno de estos tres nombres para la Sala Penal de la corte provincial: el abogado penalista de Avellaneda, Javier Raidan; el abogado penalista porteño Gastón Marano; o la tercera candidata es la jueza de la Cámara Penal de Esquel, Carina Estefanía.

Si bien el gobernador había expresado públicamente su idea de disminuir el número de miembros a cinco -hoy son seis divididos en dos salas, y no existe el desempate del presidente- trascendió que esta idea de reforma con achique quedaría para más adelante, ya que Torres considera indispensable avanzar con un proyecto en materia penal inmediato para luchar contra el narcotráfico.

Por lo tanto, la idea del Ejecutivo es cubrir cuanto antes el lugar de la Sala Penal y esperar a una futura vacante para bajar el número de miembros. Todas las miradas apuntan a Alejandro Javier Panizzi, quien podría correr la misma suerte que Báez, ya que tiene pendiente un pedido de juicio político que ingresó el 30 de noviembre de 2022 y lleva la firma de Marcelo Aguiar.

Se trata de un vecino de Rawson que lo acusó de presunto mal desempeño por su publicación en su perfil de Twitter de la pregunta “¿lo peor que le pasó a la Argentina es el kirchenrismo?”, lo que a criterio del denunciante “mostró un repugnante acto de falta de imparcialidad y decoro que requiere el cargo que ostenta” y lo considera un “prejuzgamiento en causales de simpatías políticas”.

Lógicamente, este argumento contra Panizzi por opinar de política cuestionando a un gobierno justicialista tiene adherentes entre los diputados del PJ, que podrían aportar una mayoría especial en la Sala de Acusar y de Juzgar si el oficialismo avanza con el tema, que aún no fue tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Si se suman los votos de los diputados de Despierta Chubut (16) y de Arriba Chubut (7), la suma da 23, cuando se necesitan 19 votos distribuidos en las dos salas para destituir a un ministro. Si esto escala, habría dos caminos: que Panizzi -quien viene sufriendo problemas de salud- esté dispuesto a someterse a su segundo juicio político (fue absuelto en uno durante 2013) o que haga lo mismo que su colega Báez, y decida renunciar.

Quienes lo conocen, aseguran que Panizzi -el más antiguo de los ministros en el cargo, donde llegó hace 18 años- va a dar batalla hasta el final, primero porque es su estilo, y segundo, porque a diferencia de Báez, no está en condiciones de jubilarse. Si renuncia, se queda sin nada.

En momentos en que también está en agenda la discusión sobre el perfil de los postulados por el gobierno de Javier Milei para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema, el tema también se va a instalar fuerte en Chubut, ya que el gobernador no quiere perder tiempo en la materia.

Por ello, una vez ingresado el pliego -se habla de la sesión del martes 26- se pondrá en marcha el mecanismo de tratamiento modificado hace algunos años, según el cual el nombre del postulante es publicado para que se reciban consultas de la ciudadanía; luego en el plazo de un mes, debe llamarse a una sesión especial que funciona como una audiencia pública, donde el o los aspirantes deben responder un cuestionario de los diputados.

Antes de que inicie todo este proceso, desde ADNSUR vamos a repasar los nombres de los tres principales candidatos, uno de los cuales va a ser el pliego del Poder Ejecutivo.

Tres nombres

El candidato más fuerte es Javier Raidan, un abogado penalista, oriundo de Avellaneda, es socio en el estudio Raidan-Pereira ubicado en la zona de Tribunales. Según el perfil de sus redes sociales, es un activo hincha de Independiente, y ha mostrado simpatía por el justicialismo. Se le adjudican vínculos de peso en las más altas esferas de la justicia federal, con llegada a Comodoro Py y a la Corte Suprema.

Si bien cultiva el perfil bajo, fue abogado en varias causas resonantes, algunas vinculadas a casos del fútbol, como el famoso “Panadero” de la hinchada de Boca que agredió a jugadores de River con gas pimienta, o del mundo del rock, como su representación del grupo Viejas Locas, o los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní que quedaron retenidos en Ezeiza en julio de 2022.

También obtuvo un fallo de culpabilidad de gran resonancia contra el dueño de tres perros que atacaron aun hombre en Wilde y le afectaron sus brazos. Y entre sus antecedentes, fue abogado defensor de policías bonaerenses en el juicio por la represión y muerte de los manifestantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que le costó la cabeza al presidente Eduardo Duhalde en 2002.

El otro candidato es Gastón Marano: porteño, con un perfil mucho más mediático, al punto que cuenta con una propia página web en la que resume su currículum como abogado, graduado con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires. Según da cuenta, se ha formado tanto en Argentina como Estados Unidos de América, y cuenta con amplia formación de posgrado en materia internacional.

Marano se desempeñó durante varios años como supervisor de la Oficina de Ciudadanía en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y es docente en varias universidades de Argentina, orador invitado en asociaciones de profesionales del derecho, y asiduo visitante de medios televisivos y radiales, como panelista en cuestiones legales complejas.

Su nombre tomó relevancia pública por ser el abogado de Gabriel Carrizo, el último de los detenidos de la banda de Los Copitos, en la causa que investiga el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner.

Durante un tiempo fue asesor de Torres en el Senado en la Bicameral de Inteligencia, pero el ahora gobernador lo despidió al estallar el escándalo con la entonces Vicepresidenta. En su momento se lo vinculó al abogado con los servicios de inteligencia, algo que no llegó a salpicar a Torres, quien eligió evitar todo tipo de sospechas en torno a un tema tan sensible.

Marano tiene un estudio que comparte con la abogada Brenda Salva, que supo realizar tareas periodísticas en medios como La Nación + y Crónica TV. También trabajó con Ramiro Marra, que pertenece a La Libertad Avanza, y se ha mostrado muy activo en las redes sociales con comentarios contrarios al kirchnerismo.

Finalmente, el caso de Carina Estefanía es más conocida en Chubut, ya que se desempeña en la Justicia Provincial hace 30 años. luego de una extensa carrera que la llevó al cargo de jueza de Cámara Penal de Esquel en 2011. Es el único nombre femenino de la terna, en medio de una polémica nacional por la cuestión de género en los pliegos para la Corte.

Recientemente fue presidenta de la Asociación de Magistrados -hasta 2023-, donde tuvo una activa participación en reclamo por la paridad de género en el Poder Judicial, y su apellido es muy conocido en la cordillera, donde su hermana María Eugenia fue presidenta del Comité local de la UCR y pre candidata a intendenta de Esquel.

El proyecto antinarco

“Hay que limpiar a Chubut de la falopa”. Esa frase gráfica en lenguaje popular, oída a un alto miembro del gobierno, es la que mejor resume todo el proyecto de reforma en materia judicial que se está trabajando y que será presentado a la sociedad en las próximas semanas.

Básicamente, se piensa en una justicia provincial muy estrechamente ligada con la justicia federal, para trabajar contra el narcotráfico, creando por ejemplo un fuero específico para combatir el narcomenudeo.

El objetivo es que haya fuerte vínculo de trabajo con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que es la unidad especial de investigación dependiente de la Procuración General de la Nación, dedicada a realizar y recibir denuncias, investigar y recuperar activos relacionados con crímenes económicos como el lavado de dinero, la evasión tributaria, el fraude bancario, el financiamiento del terrorismo, el contrabando y otros delitos contra la Administración pública.

Ese cruce de información se considera fundamental para conocer la trazabilidad del dinero de la droga en una provincia como Chubut, donde se confía en que la policía provincial no está vinculada al negocio de la droga como puede existir en otros distritos.

En el gobierno saben que si este proyecto tiene éxito, se avanzaría en una gran cantidad de detenciones y si bien la saturación de presos puede ser un problema, se piensa a corto plazo en un programa de alto número de tobilleras electrónicas para controlar a los detenidos, mientras que a mediano plazo hay una idea más ambiciosa.

Entre las cuestiones que charlan los gobernadores de la Patagonia, habría acuerdo por hacer un aporte económico en conjunto -porque la emergencia carcelaria es un problema que sufren varias provincias-, para realizar una cárcel regional con capacidad para 500 a 700 internos, en unos terrenos asignados en su momento por el ex intendente Sergio Ongarato en cercanías de Esquel.

La conformación de la corte provincial se va a instalar en la agenda de Chubut en las próximas semanas, así como está ocurriendo a nivel nacional con la Justicia: la idea es que haya una renovación del STJ que aporte mucho mayor contacto con la Corte Suprema, ámbito donde en estos días se discute especialmente el ingreso del nombre de Ariel Lijo en el Congreso.

Hay muchísimo en juego en los votos del Senado, ya que se sabe que el máximo organismo judicial va a ser el árbitro de la política nacional los próximos cuatro años, y el gobierno del Chubut no piensa mirar desde el costado.

La discusión legislativa local comenzará cuando el pliego que envíe Ignacio Torres para el STJ tome estado parlamentario, con un nombre que necesita 18 votos para ser aprobado, es decir, mayoría especial de dos tercios. Será el debate que se venga en una Legislatura que además tiene como horizonte el 1° de mayo para tratar las reformas al Código Procesal Penal, con la lucha contra la inseguridad como eje central.