Denuncia de Arcioni: el fiscal apunta contra dos actuales subsecretarias por el escape de monóxido en escuela de El Maitén
Se trata de Mónica Martínez Carpio y Rocío Preciado Silva. En total se abrirá una causa contra 9 personas, entre funcionarios actuales, ex funcionarios y particulares, por presunto fraude al estado.
Este jueves por la mañana se realizó la audiencia de apertura de investigación en la causa por negociados en la reparación de escuelas del interior provincial, originada por la denuncia realizada por el gobernador Mariano Arcioni luego del escape de monóxido que intoxicó a más de 50 alumnos en la escuela 93 de El Maitén.
La audiencia quedó interrumpida debido al planteo previo de una de las abogadas defensoras para que el proceso continúe con otro juez, en la jurisdicción judicial de Lago Puelo.
Esto implica la designación de otro juez de garantías y, por lo tanto, la incompetencia de la jueza de garantías de Rawson Karina Breckle. El planteo sobre a quién le corresponde iniciar y controlar el proceso penal en contra de nueve imputados, fue realizado por la defensora de una de ellos, la defensora particular Gladys Olavarría.
Lo solicitado por la defensora lo deberá resolver la misma jueza Karina Breckle que se tomó un plazo de 72 horas para hacerlo, oportunidad que además será aprovechada para localizar a uno de los imputados que actualmente reside en Italia y que desde hace varios meses ni siquiera pudo ser contactado por su defensor, el defensor oficial Miguel Moyano.
La decisión de la jueza de garantías de Rawson, Karina Breckle acerca de su competencia en el caso se conocerá por escrito y se hará conocer a las partes vía web.
Hasta que no se resuelva este aspecto de la competencia y el pedido de cambio de jurisdicción judicial, la audiencia de apertura de investigación no podrá seguir para que los nueve imputados conozcan los hechos y la imputación bajo la cual comenzarán a transitar el proceso penal.
Imputados
Entre los nueve imputados hay funcionarios de segunda línea de los Ministerios de Educación y de Infraestructura de la Provincia, además de representantes de empresas contratistas del Estado.
Concretamente, el fiscal Omar Rodríguez, además de investigar al empresario Juan Manuel Corte -que dijo es empleado de Petrominera y armador político del Chusoto en la cordillera- imputará a la actual subsecretaria de Infraestructura, Mónica Martínez Carpio, y a la subsecretaria de coordinación del Ministerio de Educación, Rocío Preciado Silva, además de a su antecesor, Claudio Márquez.
Las 9 personas se encuentran involucradas en una investigación por negociados en la reparación de escuelas del interior provincial tras un escape de monóxido de carbono en una escuela de El Maitén que puso en riesgo la salud de alumnos de esa escuela y puso al descubierto además presuntas irregularidades y negociados en el proceso de contratación para la reparación de al menos 30 escuelas de pueblos del interior provincial del Chubut.
Las figuras que investiga la fiscalía son presunto fraude a la administración pública, presuntas negociaciones incompatibles, e incumplimiento de deberes de funcionario público.