En los últimos días, el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Chubut ha sido escenario de un conflicto que ha llamado la atención de la opinión pública. Los presos han denunciado la falta de comida y han expresado su reclamo a través de diferentes acciones, poniendo en el centro de debate la garantía de derechos básicos en el sistema penitenciario. A continuación, Javier Francisco, secretario penal de la defensoria general de Chubut, explicó los detalles de este conflicto y reflexionó sobre su alcance y las responsabilidades del Estado.

El reclamo de los presos se basa en recibir alimentación de calidad y en cantidad suficiente para garantizar su subsistencia digna durante el período de encierro. Si bien existen opiniones diversas sobre el castigo penal y las condiciones de reclusión, es esencial recordar que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la protección de los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que están privadas de libertad.

La Defensa Pública de Chubut, como organismo encargado de asistir legalmente a las personas privadas de libertad, ha estado monitoreando la situación desde hace meses. Según explicó Francisco, los defensores públicos han intervenido en casos similares y han buscado soluciones a través de acciones judiciales. Recientemente, en respuesta al reclamo, un defensor público junto con el subsecretario de Justicia, Jorge Miquelarena, se acercaron al IPP con insumos para la inclusión de una nueva huerta, como parte de un programa de gestión del Ministerio de Seguridad.

Los presos del IPP han denunciado la falta de comida.
Los presos del IPP han denunciado la falta de comida.

A pesar de los esfuerzos realizados, la incertidumbre persiste. No se puede confirmar si existe una emergencia alimentaria en este momento. Es necesario garantizar que las comidas servidas cumplan con los requerimientos nutricionales de cada individuo, considerando sus necesidades particulares, como dietas especiales para personas celíacas o con diabetes.

El reclamo de los presos es un llamado de atención sobre las condiciones en las que viven. “Si bien no se registra una huelga de hambre en este momento”, -aclaró el secretario- es importante destacar que las acciones individuales o colectivas de protesta son herramientas efectivas para visibilizar las preocupaciones y condiciones de las personas privadas de libertad. 

Por último, remarcó que el Estado, representado por el Poder Ejecutivo y las autoridades penitenciarias, esté atento a estos reclamos y tome medidas concretas para “asegurar que se cumplan los estándares mínimos de alimentación” y respeto a los derechos humanos en las cárceles de Chubut. Además, se debe garantizar la transparencia y el monitoreo constante para evitar violaciones sistemáticas de los derechos básicos de las personas privadas de libertad.

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