¿A qué nos referimos cuando hablamos de autonomía provincial?

Es habitual escuchar hablar de “autonomía” provincial. Muchas veces en forma de reclamos de no intromisión, dirigidas tanto al gobierno nacional o como a diversas corporaciones. “Sólo los chubutenses decidiremos la suerte de la provincia”, se suele exclamar.

A primera vista, “autonomía” es la capacidad (en este caso de la provincia) para darse sus propias normas. Autonomía como capacidad de decisión.

En principio entonces, esta capacidad de darse sus normas encuentra origen en un marco constitucional que así lo garantiza.

Pero ocurre que la praxis cotidiana pone en juego tal capacidad, la condiciona. Es decir que si bien el concepto de autonomía requiere en primer lugar un Estado provincial que decida sobre cuestiones que el marco legal pone bajo su poder de decisión, también, por otro lado, requiere la solvencia económica que brinde cobertura a tales decisiones autonónomas.

Y es en este punto que empezamos a reconocer la existencia de una autonomía política (la capacidad para tomar decisiones), pero también de una autonomía económica (la capacidad de llevar a la práctica aquellas decisiones).

Esa solvencia económica provincial se obtiene, fundamentalmente, a través de economías privadas prósperas.

La autonomía provincial en números

Cuando hablamos de autonomía económica se entiende que nos estamos refiriendo al total de los gastos del Estado cubiertos con recursos propios (fundamentalmente recaudación propia más regalías hidrocarburíferas).

Un primer análisis de los niveles de autonomía provincial chubutense demostrará que estos dependen exclusivamente de un elemento exógeno, ajeno a la voluntad del poder político local, el valor internacional del petróleo (sumado al tipo de cambio, otro elemento exógeno).

A modo de ejemplo, la década de 1990 se caracterizó por un bajísimo precio internacional del petróleo y, como consecuencia de ello, los niveles de autonomía no superaron el 30% (siendo el más bajo índice el correspondiente a 1994 con un 22,57% y el más alto índice el correspondiente a 1997 con un 29,29%).

Es decir que los recursos propios provinciales (recaudación propia más regalías) cubrían por aquellos años un porcentaje menor al 30% del total de los gastos.

En cambio, en la década del 2000, los precios record que alcanzó el petróleo propiciaron altos niveles de autonomía provincial (por ejemplo 77,87% de autonomía en el año 2002, 67,98% en el año 2003).

Esta enorme brecha entre la performance de la economía provincial propia de años en los que el precio del petróleo es alto, con aquellos en que dicho precio es bajo, vuelve incierta la realidad provincial, que reposa en la suerte de aquel producto.

En ese sentido, la suerte de las gestiones provinciales, en materia de recursos, también dependerá de este elemento que no se encuentra bajo su poder de decisión.

Es importe destacar a esta altura que los años de mayor nivel de autonomía provincial (insisto que producto del alto valor del petróleo) coincidieron con años en donde la economía Argentina experimentó tasas de crecimiento inéditas en su historia (a partir del año 2003).

En razón de ello entiendo que la economía provincial perdió por esos años la enorme oportunidad que brindó el contexto más propicio de su historia para revisar su matriz productiva, y generar las condiciones para un desarrollo sustentable y equitativo.-

La errónea decisión fue establecer al Estado como norte de todas las políticas y único empleador a escala.

Sostuve en reiteradas ocasiones que en los últimos veinte años la Provincia del Chubut perdió la manera de vincularse de forma virtuosa con el sector privado y volcó casi todo el esfuerzo estatal en el manejo del sector público.

Diversas decisiones que generaron incertidumbre en el sector empresarial, mostraron a una provincia que incrementaba de manera desmesurada los gastos públicos.

De esta manera sostuve que en el período 2003 – 2021 la provincia del Chubut se encontró entre las provincias que más incrementaron su empleo público (72 empleados cada 1000 habitantes en el 2020, año en el que el promedio nacional era de 48 según datos de la Dirección de Asuntos Provinciales dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación), y a la vez entre las provincias que menos incrementaron su empleo privado ( 4 puntos debajo de la media nacional según datos recabados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación).

Para evaluar los niveles de autonomía provincial es preciso vincular los ingresos provinciales con las erogaciones, en particular con la erogación más importante que debe afrontar el Estado Provincial, la correspondiente a gastos en personal.

Que porción del esfuerzo provincial se destina a cubrir este colosal ítem??

En el período 2003 – 2020, mientras el total de ingresos de la Provincia del Chubut se incrementaron en un 7.462,88%, el total de gastos en personal se incrementaron un 14.456,36%, es decir prácticamente el doble que los ingresos.

En mi libro “Democracia y Desarrollo. El caso Chubut” (Ed. Remitente Patagonia) intenté desentrañar esta evolución que desnudaba la manera en que esa fiera insaciable necesitaba cada vez más alimento. Cada vez más porciones del esfuerzo colectivo provincial eran destinadas a cubrir los gastos de personal.

Todo ello, insisto, en un período que experimentó precios sumamente altos del petróleo, y en años donde la economía argentina alcanzó tasas de crecimiento inéditas en su historia.

En el año 2003, según los informes que habitualmente presenta el especialista Marcos Bensimón, el 98,57% de las regalías que recibió la provincia alcanzaron para cubrir los gastos de personal que en dicho año erogó el Estado Provincial.

En el año 2004 los gastos de personal necesitaron del 100% que la provincia recaudó en concepto de regalías y el 0.3% de lo recaudado en concepto de Coparticipación. El año 2005 se necesitó del 100% de las regalías y del 17,65% de las sumas ingresadas en concepto de Coparticipación para afrontar los gastos en personal y el año 2006 el 94,47% de las regalías alcanzaron para cubrir los gastos de personal de la provincia.

A partir del año 2007 el esfuerzo provincial para afrontar los gastos de personal fue cada vez más notorio, y en ese año para afrontar dichos gastos la provincia tuvo que utilizar el 100% de los ingresos por regalías y el 24,16% de los ingresos provinciales por coparticipación.

A partir del 2007 en todos los años hasta la actualidad la provincia tuvo que destinar el 100% de los ingresos por regalías para cubrir los gastos de personal.

En el año 2012 además la provincia debió destinar para tal fin también el 100% de la totalidad de los ingresos por Coparticipación, y se debió acudir además al 17,79% de la recaudación propia de la Dirección General de Rentas de la Provincia.

Desde el 2012 a la fecha, la provincia destinó la totalidad de las sumas percibidas en concepto de regalías, la totalidad de las sumas percibidas en concepto de Coparticipación, y cada vez mayor porcentaje de la recaudación propia de la Dirección General de Rentas para afrontar los gastos en personal.

Pero en los años 2017, 2018 y 2020, la totalidad de las regalías, la totalidad de la Coparticipación y la totalidad de lo recaudado por la Dirección General de Rentas de la Provincia no alcanzaron a cubrir los gastos de personal que afronta el Estado Provincial, debiendo acudir a otros medios para financiar el mismo.

Inevitablemente este proceso pone seriamente en jaque al resto de los servicios que presta el Estado provincial y limita de manera notable el nivel de autonomía de las autoridades constituidas.

Del dicho al hecho

 El escenario es evidente y la tendencia inevitable.

La recuperación de la política como herramienta de transformación requiere de una economía provincial sólida que brinde oportunidades de acceso al porvenir para los miles de chubutenses que se encuentran fuera de la economía.

La diversificación de la matriz productiva, la llegada de inversiones que generen empleo genuino y el acompañamiento al sector privado dejan de ser sólo slogans correctos de campaña para convertirse en necesidades imperiosas de una provincia que necesita recuperar, más temprano que tarde, su autonomía real.